Cada
coup d’état empieza siempre en la historia con un general del ejército anunciando el derrocamiento y arresto de quien dirige el país, la suspensión de la constitución y la disolución del poder legislativo. Si el pueblo resiste, se vuelve sangriento. Egipto no es la excepción.A medida que el polvo se asienta y la niebla se disipa sobre los sucesos que se despliegan en Egipto, el escenario político va aclarándose. Con independencia de cómo uno vista la situación sobre el terreno, la batalla política e ideológica librada a lo largo de un año entre los partidos islamistas y sus homólogos liberales y laicos ha quedado decidida por un único factor decisivo: la intervención militar de los generales de Egipto en nombre de los últimos.
Como he defendido en
algunos de mis artículos (al igual que
otros escritores), no hay duda de que el Presidente Mursi y los Hermanos Musulmanes cometieron errores de cálculo y numerosas equivocaciones, sobre todo al ignorar las demandas de muchos de los grupos de jóvenes revolucionarios y abandonar a sus antiguos socios de la oposición. Con frecuencia actuaron de forma ingenua y arrogante. Pero en cualquier sociedad civilizada y democrática, el precio de la incompetencia o del narcisismo se paga políticamente en las urnas.
Elecciones y obstruccionismo: ¿Tienen importancia las elecciones?
Para frustración suya, la oposición liberal y laica fracasó una y otra vez a la hora de ganarse la confianza del pueblo cuando el electorado egipcio ejerció su libre voluntad, con decenas de millones de personas acudiendo a votar en seis ocasiones en dos años. En marzo de 2011, después de derrocar al régimen de Mubarak el mes anterior, votaron un referéndum que favoreció a los islamistas (77% de los votos), que trazaron el futuro plan de acción política. Entre noviembre de 2011 y enero de 2012, votaron a favor de los partidos islamistas por abrumadora mayoría en la cámara baja (73%) y en la cámara alta (80%) del parlamento. En junio de 2012 eligieron como presidente, por muy poca diferencia y por primera vez en su historia, al candidato civil de los Hermanos Musulmanes en unas elecciones libres y justas. Finalmente, el pasado diciembre, el pueblo egipcio ratificó, con una mayoría del 64%, la nueva constitución del país. Este verano estaba previsto celebrar nuevas elecciones parlamentarias pero el Tribunal Constitucional Supremo (TCS) nombrado por Mubarak intervino de nuevo invalidando las nuevas leyes electorales.
Desde el punto de vista de los HM y de sus aliados islamistas, el TCS estuvo desempeñando un papel obstruccionista durante todo este proceso. En junio de 2012, para su consternación, el TCS disolvió, por motivos técnicos, la cámara baja del parlamento a los cuatro meses de haber sido elegida. También pretendió disolver la cámara alta del parlamento así como la Asamblea Constituyente Constitucional (ACC) –la entidad encargada de redactar la nueva constitución- días antes de que finalizara sus trabajos. Esto obligó a Mursi a intervenir y emitir su nefasto decreto constitucional el 22 de noviembre de 2012, a fin de proteger la ACC de la anulación judicial. Tratando de forzar su colapso, dimitieron en masa todos los miembros laicos de la ACC, aunque se habían acordado con anticipación su formación y los parámetros del proceso, como
puso de manifiesto un miembro de la oposición al informar de la operación en abril de 2012.
Sin embargo, la declaración de Mursi representó un punto de inflexión que galvanizó a la oposición, que, como era de prever, le acusó de ejercer un poder autoritario. A su vez, Mursi defendió que su decreto era necesario para construir las instituciones democráticas del estado que el TCS estaba desmantelando una a una. Bajo las intensas presiones públicas, a las tres semanas dio marcha atrás y anuló el decreto, pero solo tras asegurar que se sometería a referéndum la nueva constitución.
Después de una decidida campaña pública de la oposición en rechazo de la constitución, el pueblo la aprobó en una proporción de casi dos a uno. El siguiente paso constitucional habría sido la celebración de elecciones parlamentarias en seis días. Pero, aunque las leyes electorales eran parecidas a las leyes acordadas por todos los partidos en las elecciones de 2012, la oposición se quejó de que favorecían a los partidos islamistas y amenazó con boicotear las elecciones. A los cuatro meses, el TCS había rechazado y anulado las elecciones por razones técnicas, afianzando así aún más la percepción de los islamistas de que el tribunal nombrado por Mubarak continuaba desbaratando las incipientes instituciones democráticas del país.
Extraños compañeros de cama: La irracional trinidad de los Emiratos del Golfo, los fulul y la oposición laica de Egipto
El 22 de abril de 2011, el Príncipe Heredero de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohammed Bin Zayid, hizo que sus jefes de inteligencia y seguridad se reunieran con el rey Abdullah de Arabia Saudí y sus altos funcionarios de seguridad para discutir las ramificaciones de la Primavera Árabe. Bin Zayid advirtió que a menos que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) desarrollaran una política proactiva para prevenir la oleada de levantamientos populares que barrían el Mundo Árabe en ese momento, ninguno de los monarcas de la región iba a sobrevivir. Tres semanas después, en una cumbre urgente convocada en Riad, hizo llegar el mismo mensaje a todos los jefes de estado del CCG. Aunque Qatar se quedó indiferente ante su mensaje, los otros cinco países se mostraron receptivos. A Bin Zayid y al príncipe Bandar Bin Sultan, el jefe de la inteligencia saudí, se les encargó de la elaboración de un plan eficaz para contrarrestar el fenómeno de la Primavera Árabe en la región. Posteriormente, el rey Abdullah solicitó y recibió la ayuda del rey Abdullah II de Jordania, quien se unió a estos esfuerzos mientras se excluía a Qatar de todas las futuras reuniones.
Durante décadas, los EAU estuvieron muy próximos a Mubarak y sus compinches. Miles de millones de dólares de las fortunas conseguidas saqueando el país acabaron depositados en bancos de Abu Dabi y Dubai. Tras el derrocamiento de Mubarak, docenas de corruptos empresarios y funcionarios de la seguridad salieron calladamente de Egipto y se instalaron en los EAU. Cuando el último primer ministro de Mubarak, Ahmed Shafiq, perdió las elecciones presidenciales frente a Mursi en junio de 2012, también se trasladó a los EAU. En el otoño de 2012, estaba claro que los EAU albergaban toda una red de personajes que tramaban el derrocamiento de Mursi y los HM.
A las pocas semanas de la formación del nuevo gobierno, el 21 de agosto de 2012, el defensor de Shafiq y portavoz de su partido político,
Mohammad Abu Hamid, anunció quince demandas que culminaban en el objetivo de derrocar a los “Hermanos Musulmanes o gobierno
Ijwan”. Advirtió contra la
“ijwanización” del estado,
i.e. los nombramientos de miembros de los HM para puestos estatales clave, culpándoles de la carencia de servicios básicos para el pueblo. Abu Hamid convocó también posteriores protestas masivas en la Plaza Tahrir mientras acusaba a Mursi de hacerse con el poder, de imponer una dictadura e interferir judicialmente mucho antes de que el presidente emitiera su desventurado decreto constitucional tres meses después. Exigió además la prohibición de los HM y su filial política, así como el arresto de sus dirigentes, a quienes acusó de traición. Todas sus demandas se convertirían posteriormente en los puntos de conversación de todos los partidos de la oposición y los medios de comunicación anti-Mursi.
Aunque Mursi tomó las riendas de los poderes del país y a primeros de agosto pudo forzar el retiro de los más altos generales del ejército, su autoridad era endeble. En vez de purgar de los centros de poder a los elementos más enquistados en ellos de la época de Mubarak, es decir, el ejército, los servicios de inteligencia, el aparato de seguridad y la policía, creyó ingenuamente que podría apaciguarlos. Se confió creyendo que se había ganado su lealtad. En realidad, esas agencias, junto con el poder judicial, los medios de comunicación públicos y privados laicos, así como la mayor parte de la burocracia, representaban los intereses del “estado profundo”, una red de corrupción e intereses especiales que se mantenía atrincherada desde hacía décadas en las instituciones estatales.
Una forma de corrupción que proliferó durante los días de Mubarak consistió en contentar a segmentos fundamentales de la sociedad como el poder judicial o la policía, mediante la distribución, por ejemplo, de inmensas parcelas de tierra a precios enormemente rebajados, que a su vez los vendían a la gente a millones de libras egipcias. Por ejemplo, cuando Shafiq estuvo a cargo de la Asociación de Pilotos Militares en la década de los noventa, vendió a los hijos de Mubarak alrededor de 40.000 acres de tierra de primera calidad en el Delta del Nilo a un dólar el acre, cuando el precio del acre estaba en aquel momento en decenas de miles de libras. Esta venta fue consiguientemente denominada, una vez denunciada el año pasado, el “Escándalo de las Tierras de los Pilotos”, siendo Shafiq acusado de malversación de fondos y corrupción política en relación con el mismo. Pero a pesar de las abrumadoras pruebas en sentido contrario, el corrupto sistema judicial había absuelto de cualquier delito a Shafiq a primeros de año.
De forma lenta pero segura, los residuos del régimen Mubarak y los corruptos empresarios relacionados con ellos, mejor conocidos como los
fulul, se reagruparon y unieron en torno a los elementos del estado profundo. Mientras tanto, la oposición laica, que estaba completamente desperdigada, formó por primera vez un movimiento unido denominado Frente de Salvación Nacional (FSN) después de que Mursi emitiera su decreto a finales de noviembre. El FSN Incluía a la mayoría de los candidatos presidenciales fallidos y a varias docenas de partidos laicos, quienes, a pesar de haberse unido, no recibieron más que el 25% de los votos en las elecciones parlamentarias. Sus dirigentes incluían a Amr Musa, Hamdein Sabahi, Elsayid AlBadawi, Mohammad Abul Ghar y el multimillonario Naguib Sawiris. El FSN escogió al ex director de la AIEA, Mohammed ElBaradei, como portavoz.
En noviembre de 2012, el príncipe Bandar presentó dos detallados planes a los estadounidenses a través de la CIA. El Plan A consistía en un complot para derrocar rápidamente a Mursi a primeros de diciembre, mientras el Plan B era un plan a largo plazo que implicaba dos vías. Una de las vías consistía en una serie de protestas desestabilizadoras que culminarían con el derrocamiento de Mursi, mientras que la otra incluía la unión de la oposición para formar una coalición que derrotara a los HM en las urnas si fallaba la primera vía. Aunque la CIA conocía perfectamente el plan ni lo apoyó ni lo rechazó porque la administración Obama, jugando a ambas bandas, también estaba intentando dialogar con el gobierno de Mursi.
El
plan para derrocar a los HM se elaboró alrededor de una trama para asesinar a Mursi en su residencia el 5 de diciembre. Sin embargo, un leal guardia presidencial de nivel medio lo reveló horas antes de que se produjera. Con ayuda de los HM, Mursi pudo desbaratar el complot, aunque se negó a revelarlo o discutirlo en público.
En marzo de 2013, el líder del FSN, ElBaradei, se reunió con Shafiq y Bin Zayid en los EAU. Todos acordaron que la única vía para desalojar a Mursi y a los HM del poder era socavando su gobierno y la estabilidad del país a nivel interno y convenciendo a los gobiernos occidentales, especialmente a EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania, para que apoyaran un golpe militar. Según un
reciente informe del Wall Street Journal, se celebraron una serie de encuentros en el Club de Oficiales de la Marina entre altos oficiales militares, representantes de los
fulul, incluido el abogado del multimillonario y compinche de Mubarak Ahmed Ezz, el arquitecto de las fraudulentas elecciones parlamentarias de 2010, y los dirigentes de la oposición, incluido ElBaradei. Según esta información, que no fue rechazada ni negada por ninguna de las partes, los generales del ejército le dijeron a la oposición que no intervendrían para derrocar a Mursi a menos que millones de personas tomaran las calles de su lado.
La trama se complica
Aunque la oposición estaba enviando mensajes confusos acerca de si participar o no en las próximas elecciones parlamentarias, los HM y sus aliados islamistas estaban preparándose para las inminentes protestas. Mientras tanto, muchos de los jóvenes y grupos revolucionarios, que encabezaron el levantamiento en 2011 se sentían frustrados ante el escenario político: Un régimen que ignoraba sus demandas y una oposición ineficaz inclinada al obstruccionismo. De repente, un nuevo movimiento de jóvenes irrumpió en escena a finales de abril de 2013. Sus líderes, anteriormente desconocidos, lo denominaban
Tamarrud o Rebelión. La razón aducida para el lanzamiento del movimiento fue recoger quince millones de firmas de la gente, un millón más de lo que Mursi había recibido en su candidatura a la presidencia, para exigir elecciones presidenciales anticipadas.
Los grupos de la oposición apoyaron de inmediato a
Tamarrud y prometieron ayudarles a conseguir su objetivo. El multimillonario empresario y severo crítico de los HM, Sawiris, afirmó a primeros de julio que había donado millones de dólares al grupo para
publicidad y apoyo. Además, la maquinaria del ex Partido Democrático Nacional (PDN), el partido político de Mubarak, funcionaba a toda marcha, mientras muchos de sus antiguos funcionarios se ponían al frente de los esfuerzos para proporcionar recursos y recoger firmas por todo Egipto. Mientras tanto, los medios de comunicación privados empezaron una
feroz campaña de difamación contra Mursi y los HM. Durante varios meses, alrededor de una docena de canales por satélite se dedicaron a demonizar a Mursi y su grupo. Se les acusó de todos los delitos y se les culpó de todos los problemas a que se enfrentaba el país. En ocasiones, incluso los medios públicos, que se suponía eran neutrales, se unieron a esta campaña. Además, el canal panárabe por satélite
Al-Arabiya, financiado por los saudíes y que tiene su sede en los EAU, se unió a la campaña promocionando ansiosa y repetidamente las actividades de
Tamarrud y apoyando a las figuras de la oposición. En una ocasión, se grabó inadvertidamente a un famoso presentador mientras sostenía un papel con las respuestas a sus preguntas cuando estaba entrevistando a un portavoz de
Tamarrud.
Sorprendentemente, no sólo los HM estaban poco preparados para afrontar esta guerra propagandística sino que, además, en detrimento suyo, no se la tomaron en serio. Incluso cuando sus aliados islamistas advirtieron a los dirigentes de los HM sobre el potencial derrocamiento latente una semana antes de que Mursi fuera derribado, contestaron despectivamente que “ellos (la oposición) habían celebrado anteriormente veinticinco inútiles manifestaciones y esta iba a ser tan sólo la veintiséis”.
Hay dos razones importantes por las que Mursi y los HM no se preocuparon acerca de las inminentes manifestaciones. En primer lugar, el jefe del ejército, el general Abdel Fatah Sisi, había asegurado repetidamente a Mursi que el ejército no iba a derrocar al gobierno y que se mantendría leal al proceso democrático. Incluso cuando Sisi emitió un llamamiento al compromiso una semana antes del fatídico día del 30 de junio, dijo al presidente que no tenía nada de lo que preocuparse y que había tenido que lanzar esa advertencia para apaciguar a algunos de los generales de su ejército. En segundo lugar, la embajadora de EEUU, Anne Patterson, había asegurado con frecuencia a Mursi y los HM que EEUU no iba a apoyar ninguna actuación del ejército para destituir a un presidente democráticamente elegido.
Mientras tanto, ElBaradei estaba totalmente entregado a contactar con los líderes mundiales para convencerles de que la única solución para Egipto era la
destitución y
derrocamiento de Mursi. A primeros de julio, admitió orgullosamente: “Hablé con los dos (Obama y Kerry) extensamente y traté de convencerles de la necesidad de destituir a Mursi”.
Además, los dirigentes de Arabia Saudí, los EAU y Kuwait presionaron a EEUU para que apoyara la inminente intervención militar en Egipto. Irónicamente, durante mayo y junio, los dirigentes occidentales, incluidos Obama y Kerry, presionaron a Mursi y a los líderes de los HM para que nombrara como
primer ministro a ElBaradei mientras éste postulaba el derrocamiento de Mursi.
Como parte de la campaña de demonización para convencer a Occidente de que la popularidad de los HM, se encargó al Arab American Institute (AAI), en Washington DC, que
llevara a cabo una encuesta acerca de la menguante popularidad de Mursi y los HM. El presidente del AAI y lacayo de los EAU, James Zogby, convocó una conferencia de prensa el 28 de junio para anunciar que “Mursi encabeza un gobierno minoritario que a nivel del pueblo sólo cuenta con el apoyo de su propio partido”, y que “los egipcios han perdido su confianza en el presidente Mursi y en la capacidad de los HM para gobernar”. Además predijo que “millones de egipcios iban a manifestarse en las calles contra Mursi y el gobierno de los HM”. Nadie en la conferencia de prensa se molestó en preguntar quién había realmente encargado y pagado la investigación que afirmaba haber encuestado a más de cinco mil personas por todo Egipto.
Deshaciendo las mentiras:
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Todas las democracias lo hacen: EEUU, Francia, Argentina, Brasil...
A mediados de junio, la campaña estaba en pleno vigor. Muchos profesores de ciencias políticas e intelectuales de la oposición, incluido Wahid Abdelmayid y Hasan Naf’ah, así como profesores de derecho constitucional, como Nur Farahat y Husam Isa, estaban defendiendo en varios canales de televisión que el llamamiento para celebrar “elecciones presidenciales anticipadas” no solo era un mecanismo aceptable de que se dispone en todas las democracias, sino que se había utilizado muchas veces antes. Como ejemplos, citaron la dimisión de Nixon en 1974, la de Charles de Gaulle de Francia en 1969, la de Raúl Alfonsín de Argentina en 1989 y la de Fernando Color de Mello de Brasil en 1992.
La deshonestidad intelectual de estas elites liberales es apabullante, ya que ninguno de los ejemplos citados contenía realmente un llamamiento a celebrar “elecciones presidenciales anticipadas” y menos aún a destituir a través de un golpe militar a un presidente democráticamente elegido. Nixon dimitió de la presidencia la víspera de su destitución por el Congreso. Gerald Ford, su vicepresidente, fue investido como presidente. No hubo elecciones anticipadas. De Gaulle dimitió voluntariamente de la presidencia después de más de diez años en el poder tras prometer que se retiraría si el pueblo no apoyaba sus reformas en el Senado y los gobiernos locales. Cuando el pueblo rechazó su referéndum, mantuvo su promesa aunque no estaba obligado a hacerlo constitucionalmente. Después de seis años en el poder, Alfonsín ni siquiera figuraba en las listas electorales de las elecciones presidenciales de 1989. Sin embargo, en el verano de 1989 se celebraron simultáneamente elecciones parlamentarias y presidenciales. Se suponía que la nueva presidencia se inauguraría cinco meses después, pero cuando el candidato de su partido fue derrotado por la oposición, Alfonsín renunció con prontitud para permitir que el nuevo presidente de la oposición asumiera el poder. Nada de elecciones anticipadas. Tras dos años en el poder, De Mello fue destituido por la asamblea legislativa por corrupción a través de un procedimiento constitucional y dimitió. El hecho de que ningún mecanismo constitucional en el mundo permita la destitución mediante protestas populares no molestó a esas personalidades liberales que intentaban que el ejército les quitara de encima a un presidente libremente elegido sin que les importara el peligroso precedente que se establecía.
El conocido escritor Alaa Al-Aswani no sólo citaba como válidos algunos de los anteriores ejemplos para destituir y derrocar a Mursi, sino que no perdió ni un minuto ni captó la ironía cuando
colmó de elogios al ejército antes de terminar su columna semanal con esta habitual declaración: “La democracia es la solución”. Es verdad que algunas democracias tienen un mecanismo constitucional para destituir a un jefe de estado. Aunque ese mecanismo no existe para el caso del presidente de EEUU, muchas constituciones de varios de sus estados permiten que se destituya a sus gobernadores. En 2003, el pueblo de California retiró al gobernador Gray Davis. Pero esa destitución no fue consecuencia de las protestas en la calle ni de la intervención de la Guardia Nacional. Sino que fue un proceso constitucional que implicó la firma y autentificación de millones de peticiones ante el Tribunal Supremo Estatal, que autorizó el proceso de destitución. Aunque la constitución egipcia de 2012 permite que el parlamento destituya al presidente, ese acto no tuvo lugar.
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¡Basta ya!: Hay que acabar con los cortes de electricidad y la escasez de combustible
Durante todo el mes de junio el ataque de los medios contra el gobierno de Mursi no sólo continuó culpándole de todos los males que afligían a la sociedad egipcia, sino que también se intensificó al agravarse tres problemas importantes: el deterioro de la seguridad, los frecuentes sabotajes de la energía eléctrica que duraban horas y afectaban no sólo a las zonas residenciales sino también a las industriales, y las carencias de combustible, que provocaban largas colas en las gasolineras.
Egipto tiene 2.480 gasolineras, de las cuales 400 son de propiedad estatal. Las otras dos mil son de propiedad privada, de magnates empresariales que consiguieron sus licencias durante la era de Mubarak porque estaban muy cerca del régimen y se les consideraba muy leales al mismo. El gobierno de Mursi afirmó que cada gasolinera había recibido su cuota y que no había razón para la escasez. De hecho, pocos días antes de que le destituyeran, Mursi advirtió a los propietarios de las gasolineras que iba a revocarles las licencias si no suministraban el fuel a sus clientes.
Jalid Al-Shami, un joven activista que estuvo con la oposición hasta el golpe militar, reveló la trama cuando anunció en público que el puñado de propietarios de las gasolineras privadas conspiraban para crear una crisis de combustible para impulsar el descontento público contra Mursi. La mejor prueba de que el problema de la carencia de combustible se había fabricado es que se evaporó de la mañana a la noche. Desde el momento en que Mursi fue destituido, se acabó la escasez de combustible.
En cuanto al deterioro de la seguridad y de los cortes de electricidad, la conspiración era más profunda. La policía, que se negó a proteger barriadas enteras durante el gobierno de Mursi, ha regresado de nuevo con toda su fuerza. Los delincuentes y matones que aterrorizaban a la gente en las calles están de nuevo bajo el control del mismo aparato de seguridad de la era Mubarak, excepto en las zonas donde se manifiestan los seguidores de Mursi. Los apagones de electricidad, que duraban horas cada día en casi todas las barriadas, han desaparecido de la noche a la mañana. El misterio de la solución de estos dos inextricables problemas se descubrió esta semana. De los treinta y cinco miembros del gabinete elegidos por el ejército, ocho permanecieron en sus puestos, incluido el Ministro del Interior, a cargo de la policía, y el Ministro de Electricidad. Es de suponer que los primeros ministros en ser relevados de su cargo por el gobierno post-golpe serían aquellos de los que la gente se quejaba más por su incompetencia. La oposición que pedía la destitución de esos ministros estaba ahora aclamándoles y celebrando su permanencia. En resumen, muchos funcionarios públicos que profesaron lealtad al desventurado presidente estuvieron todo el tiempo socavando su gobierno, mientras la oposición le acusaba de atestar el gobierno con leales a los HM.
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Juego de Números: Si dices una mentira lo suficientemente fuerte y durante el tiempo necesario, la gente la creerá finalmente
En la segunda semana de junio,
Tamarrud anunciaba que había recogido más de diez millones de firmas en seis semanas. Tan sólo diez días después, la cifra había aumentado a veintidós millones de firmas. Poco después, el portavoz de
Tamarrud, Mahmud Badr, anunció que el objetivo de la demostración del 30 de junio había cambiado. Ya no se pedían elecciones presidenciales anticipadas sino que se exigía la destitución de Mursi, sustituyéndole por el presidente del TCS, la anulación de la constitución, la prohibición de los HM y el arresto y procesamiento de sus dirigentes. Durante los días siguientes, los medios siguieron batiendo tambores hasta que llegó la fatídica jornada.
El 30 de junio, todos los actores conocían bien su papel. A media tarde,
Tamarrud anunció que el número de personas en la calle superaba los 10 millones. Pronto, la cifra se convirtió en 14, después en 17 y después en 22. Finalmente, los medios afirmaron que las manifestaciones del 30 de junio por todo Egipto eran las
mayores de la historia de la humanidad, con hasta 33 millones de personas en las calles. Los aviones militares volaban en formación por los cielos entreteniendo a las muchedumbres sobre la Plaza Tahrir, lanzando banderas egipcias y agua embotellada y trazando corazones como muestra de amor y afecto a los manifestantes. El ejército proporcionó incluso un helicóptero a Jalid Yusef, un famoso director de cine conocido por su apoyo a la oposición y hostilidad a los HM. Yusef había grabado a las muchedumbres y producido una película que se mostró de inmediato no sólo en cada cadena de televisión anti-Mursi en Egipto sino también por la televisión estatal. En cuestión de horas, todos los medios de comunicación afirmaban que la cifra de manifestantes era de decenas de millones y que solo en la Plaza Tahrir había entre cinco y ocho millones. El día del golpe hubo fuegos artificiales, espectáculos de láser y todo tipo de celebraciones a gran escala.
Como he
sostenido con anterioridad, no hay duda de que había un
inmenso clamor público e indignación contra Mursi y los HM. Pero, ¿fueron tan altas las cifras de manifestantes como se afirmó? En octubre de 1995, cientos de miles descendieron en la National Mall en Washington DC en lo que se denominó la Marcha de un Millón de Personas, que llenaron toda la zona. Los organizadores afirmaron haber conseguido el millón mientras que la policía de Park DC estimaba que la muchedumbre se componía de 400.000 personas. La zona del National Mall es de unos 146 acres (1 acre = 4.047 m2). Por tanto, hubo entre 2.750 personas (estimación de la policía) a 6.750 (estimación de los organizadores). Es decir, que hubo entre 0,7 y 1,7 personas por metro cuadrado.
En cambio, el área de la Plaza Tahrir es de 12,3 acres. Como demuestra de forma concluyente Amjad Almonser, ingeniero de comunicaciones y
experto en Google Earth: incluso si se hubieran incluido todas las calles adyacentes a la Plaza Tahrir, el área no excedería de 25 acres. Incluso contando 4 personas por metro cuadrado y se eliminaran docenas de los edificios de los alrededores, no habría más de 400.000 personas ese día. Si nos creyéramos la cifra de 5-6 millones propagada por los partidarios del golpe militar (5-6 personas por pie cuadrado), se produce una clara imposibilidad física. Incluso aunque un millón hubiera ocupado cada pulgada de Tahrir y todas las calles adyacentes, hubieran sido 10 personas por metro cuadrado, otra cosa imposible. Incluso la
BBC cuestionó finalmente esas
infladas cifras.
Por tanto, en el mejor de los casos había menos de medio millón de personas en la Plaza Tahrir en el momento álgido de la manifestación y probablemente una cifra similar por todo Egipto. Por tanto, la voluntad del electorado egipcio se sacrificó cuando uno o dos millones de personas estuvieron protestando durante un día o dos.
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¿Pueden guardar un secreto? Los medios anti-Mursi se lo explicarán con todo detalle
Incluso antes de que un solo manifestante llegara a Tahrir,
Okaz, un diario saudí
publicó con anticipación los detalles del escenario que se desarrolló tres días después cuando el ejército tomó el poder. Al día siguiente,
Al-Ahram, un periódico oficial y el de más amplia difusión en Egipto, llevaba el titular “O dimite o será derrocado”. Esta noticia anunciaba con
escalofriante detalle cómo iban a desarrollarse los acontecimientos, incluido el ultimátum de los militares, el derrocamiento de Mursi, el arresto de los dirigentes de los HM y la suspensión de la constitución. Cuando caía la noche del 3 de julio, el general Sisi anunció la destitución de Mursi, la suspensión de la constitución y el comienzo de una hoja de ruta política. Era exactamente la misma hoja de ruta que el presidente Mursi había anunciado con anterioridad y que la oposición rechazó. La única diferencia era su derrocamiento.
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Los estadounidenses muestran sus cartas
A lo largo de la crisis, la embajadora estadounidense Patterson desempeñó el papel de defensa del proceso democrático y el imperio de la ley. Cuando el general Sisi emitió su ultimátum al presidente el 1 de julio, la administración de EEUU mostró sus verdaderas cartas cuando la Asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, le dijo al asesor para política exterior de Mursi, Esam al-Haddad, que todo había terminado: o Mursi dimitía o le derrocarían. Aconsejó que dimitiera, algo que Mursi rechazó terminantemente.
Una vez que Rice habló del inminente golpe, Mursi
grabó un discurso de 22 minutos por teléfono inteligente prometiendo no renunciar ni someterse al inminente golpe. Su ayudante envió rápidamente por correo electrónico el improvisado discurso a sus seguidores. Una hora después estaba bajo vigilancia y no se le ha visto ni oído desde entonces.
Mientras tanto, el Secretario de Defensa Chuck Hagel habló con el líder del golpe, el general Sisi, al menos en cinco ocasiones durante la crisis. La aconsejó que anunciara que se celebrarían elecciones tan pronto como fuera posible, Además, aseguró a Sisi que su administración mantendría su ayuda militar. A los pocos días, el Vicesecretario de Estado William Burns fue a Egipto y
se reunió con los responsables del golpe y sus facilitadores civiles. Mientras estuvo en El Cairo ignoró todos los hechos relativos al derrocamiento de un presidente elegido. En resumen, el mensaje trataba de apoyar el golpe y sus consecuencias, por ello afirmó: “EEUU se ha comprometido firmemente a ayudar a Egipto para que triunfe en esta segunda oportunidad y se haga realidad la promesa de la revolución”.
Ya en marzo de 2012, Burns se reunió con el Guía General de los HM, Mohammad Badie, y su adjunto, Jairat Al-Shater. Ofreció que si los HM mantenían el tratado de paz con Israel, EEUU se prestaría a ayudarles a conseguir 20.000 millones de dólares de los países del CCG para superar la crisis de la economía egipcia. Pero Arabia Saudí, los EAU y Kuwait declinaron ofrecer ninguna ayuda real mientras Mursi estuviera en el poder. Sin embargo, a los dos días del golpe militar, la promesa de Burns se cumplió, pero a favor de los autores del golpe. Los dirigentes de los tres países felicitaron al general Sisi (no al presidente-títere instalado por el ejército) por destituir a Mursi y prometieron enviar como regalo un paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares para ayudar a estabilizar la economía.
Además, Burns le prometió al líder del golpe que la ayuda militar estadounidense iba a continuar y que el estancado préstamo del FMI, que llevaba retenido más de dos años, sería aprobado con prontitud. Al rechazar llamar golpe de estado del ejército al derrocamiento de un presidente libremente elegido, la administración de EEUU demostró, una vez más, que la retórica y los altos ideales se sacrifican en el altar de inapropiados intereses nacionales a corto plazo.
Quizá una medida para valorar las ramificaciones regionales de los últimos acontecimientos es la reacción de Israel y los palestinos. Cuando Mubarak fue destituido el 11 de febrero de 2011, los palestinos estallaron en júbilo y bailaron por las calles, mientras Israel parecía estar de luto. Pero cuando Mursi fue derrocado por el ejército el 3 de julio, los papeles se cambiaron.
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¿Recuerdan los derechos humanos? ¿Libertad de expresión? ¿Libertad de reunión?
Cuando los congregados oradores tras el general Sisi, dirigidos por ElBaradei, el Gran Imán de Al-Azhar y el Papa copto acabaron de bendecir el golpe militar, las fuerzas de seguridad actuaron con toda firmeza mientras cientos de seguidores de los HM, incluidos altos dirigentes, eran acorralados con la endeble acusación de instigar la violencia. Sus activos se congelaron y se incautaron sus edificios. Mursi era detenido mientras los fiscales de la era Mubarak amenazaban con acusarle de “haber escapado de la prisión” el 27 de enero de 2011, cuando fue ilegalmente arrestado por los agentes de la seguridad de Mubarak en los primeros días de la revolución de 2011. Sorprendentemente, los fiscales anunciaron también que iban a investigar al presidente por “contactar y comunicarse con elementos extranjeros”, como los dirigentes occidentales, durante su mandato. Más de una docena de medios de comunicación pro-Mursi, incluidos cadenas de televisión, páginas de Internet y periódicos fueron asaltados y cerrados. El 8 de julio, el ejército asesinó a más de 80 manifestantes partidarios de Mursi e hirió a más de mil cuando se encontraban rezando y protestando pacíficamente frente al Club de la Guardia Presidencial, donde se creía que Mursi se encontraba detenido. Hasta ahora, más de 270 personas han muerto y varios miles han resultado heridas por la actuación del ejército y las fuerzas de seguridad por todo Egipto.
A pesar de las abrumadoras
pruebas en
sentido contrario, el ejército afirmó que sus soldados habían sido atacados. Las elites liberales y los defensores de los derechos humanos, así como los voceros de los medios, se hicieron eco de esas afirmaciones del ejército y culparon a los manifestantes por situarse cerca de una instalación militar. Pero el Club de la Guardia Presidencial no tiene tal carácter. Aunque es propiedad de los guardias del presidente, es un club deportivo y social, donde los oficiales y sus familias acuden con fines recreativos. Desde el golpe militar, el pueblo egipcio se ha visto sometido a una
propaganda militar que no se veía desde la época de Nasser. Aunque Mursi no cerró un solo medio de comunicación a pesar de la campaña de demonización en su contra, todos los canales y páginas en Internet a su favor han sido cerrados o restringidos severamente.
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Doble rasero: No al decreto de Mursi y al cambio de fiscal. Pero sí al de los militares
La oposición liberal estaba indignada y pisó el acelerador cuando Mursi hizo su declaración constitucional de noviembre de 2012 y destituyó al corrupto fiscal general nombrado por Mubarak, una demanda importante de los grupos de jóvenes y revolucionarios. A pesar de sus buenas intenciones de acelerar el establecimiento de las instituciones democráticas que había desmantelado el TCS, Mursi fue acusado de autoritarismo y mano dura. Sin embargo, la mayoría de los liberales y laicos alabaron, poco después del golpe, el decreto del presidente-títere instalado por los militares. En un artículo posterior abordaré los detalles de este decreto, pero baste decir que otorgaba a un presidente elegido por los militares unos poderes que Mursi, el presidente democráticamente elegido, no tenía, ya que la constitución de 2012 transfería muchos de sus poderes al primer ministro. Además, la oposición liberal se alborotó mucho cuando Mursi nombró unilateralmente a un fiscal general de incuestionable integridad, hasta el punto que jueces y fiscales corruptos le acosaron y rodearon su despacho durante días exigiendo su renuncia. Sin embargo, cuando un nuevo fiscal fue también unilateralmente nombrado por el nuevo presidente interino, ni un solo juez, fiscal o líderes de la oposición tuvo nada que objetar. Una vez asumió su cargo, lo primero que hizo el nuevo fiscal general fue congelar los activos de los dirigentes islamistas y ordenar su arresto.
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Si camina como un pato, y hace cuac como un pato, no deberían llamarlo pollo
ElBaradei, que no fue elegido para nada, es ahora vicepresidente de Egipto, mientras Mursi, que fue libre y democráticamente elegido por el electorado egipcio, se halla detenido y en paradero desconocido. Ambas situaciones han estado determinadas por la voluntad de los generales del ejército y fueron celebradas por sus facilitadores civiles. El nivel de engaño y mentira demostrado por las elites liberales y laicas egipcias es asombroso. Durante años, lanzaron pullas a los islamistas para que respetaran los principios democráticos, el imperio de la ley y se sometieran a la voluntad del pueblo. Y les advirtieron contra las dictaduras, los gobiernos militares o el sacrificio de los principios democráticos, de los derechos humanos, las libertades personales y la protección de las minorías. Creer en los principios democráticos, en los derechos humanos y el imperio de la ley es un compromiso de por vida. Uno no puede decir: “Solo voy a respetar esos valores los lunes, martes y miércoles. El resto de la semana, voy a mirar para otro lado”. Eso se llama hipocresía.
Esam Al-Amin es un escritor y periodista independiente experto en temas de Oriente Medio y de política exterior estadounidense que colabora en diversas páginas de Internet. Puede contactarse con él en alamin1919@gmail.com. Su último libro es The Arab Awakening Unveiled: Understanding Transformations and Revolutions in the Middle East.
Fuente original:
http://www.counterpunch.org/2013/07/19/the-grand-scam-spinning-egypts-military-coup/
Artículo propuesto por Ricardo Georges Ibrahim
