Eduard Soler i Lecha
Coordinador de investigación, CIDOB
18 Julio 2013 / Opinión CIDOB, n.º 202 / E-ISSN 2014-0843
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Tras masivas manifestaciones en Egipto, el ejército dio 48 horas al presidente Morsi para que satisficiera las demandas de los manifestantes. Irhal, ¡vete! Esta era la demanda y solo podía atenderse dejando el poder para siempre o convocando elecciones anticipadas. Los Hermanos Musulmanes rechazaron el ultimátum, los militares tomaron las calles, arrestaron al Presidente, se suspendió la constitución y se presentó una hoja de ruta que debería conducir a la instauración de un gobierno civil, la revisión de la Constitución y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales. El Ministro de Defensa egipcio, anunció la destitución del presidente Morsi acompañado por representantes de la oposición, líderes religiosos y un miembro del movimiento Tamarod (rebelión), convocante de las manifestaciones.
Esto son los hechos, pero ¿fue realmente un golpe de estado? Mientras que los analistas discutimos si hubo o no un golpe de estado y, si es así, qué tipo de golpe de Estado es; las potencias internacionales tratan desesperadamente de evitar esta controversia, absteniéndose de pronunciar la palabra golpe. Ni la UE ni los EEUU quieren responder a esta pregunta ya que, si reconocieran que efectivamente hubo un golpe de estado, se verían obligados a revisar sus programas de ayuda, la cooperación militar y sus relaciones políticas con las nuevas autoridades egipcias. Para evitar el dilema, la mayoría de los gobiernos occidentales, con la notoria excepción de Turquía, han optado por la ambigüedad en su definición de los “hechos del 3 de julio”.
Los responsables estadounidenses se esfuerzan en explicar lo excepcional de la situación egipcia y que necesitan más tiempo para dilucidar qué ha sucedido en Egipto antes de emprender algún tipo de acción. Y es que, si Estados Unidos admitiera que lo que sucedió el 3 de julio fue un golpe de estado, Washington se vería obligado a cancelar automáticamente la ayuda de 1500 millones de dólares anuales, parte de la cual en forma de cooperación militar. Según la “US Foreign Assistance Act”, no pueden transferirse fondos a gobiernos de un país, cuyos gobernantes electos, hubieran sido depuestos por un decreto o un golpe de Estado militar.
El senador Patrick Leahy, presidente de la comisión presupuestaria del Departamento de Estado y ayuda exterior, sostuvo que “los líderes militares afirman que no tienen ninguna intención o deseo de gobernar y espero que cumplan su promesa” pero, al mismo tiempo, anunció que “a medida que trabajemos en el nuevo presupuesto, mi comité revisará partidas futuras a Egipto, esperando tener una imagen más clara de la situación”. Pocos días después de esta declaración, la Casa Blanca descartó cualquier suspensión automática de la ayuda dirigida a Egipto. De hecho, el secretario de prensa de la Casa Blanca fue aún más lejos al afirmar “no nos interesa tomar decisiones precipitadas ni cambiar nuestro programa de ayuda de forma inmediata”, ya que se espera que estas ayudas sirvan para influir en el curso de los acontecimientos en Egipto.
Sobre este tema, no hay diferencias significativas entre las posiciones de la UE y la de Estados Unidos. Los líderes europeos han expresado su preocupación y han calificado lo sucedido el 3 de julio como “un duro revés para la democracia” en palabras del Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Guido Westerwelle. Con todo, la UE evita hablar de golpe de estado. Cuando se le preguntó sobre esta cuestión a Bernardino León, Representante Especial de la UE para el Sur del Mediterráneo, declaró que “no nos gustan las intervenciones militares pero una situación tan compleja no puede definirse como un golpe” añadiendo que el ejército egipcio había “evitado una guerra civil”. En una línea parecida, Michael Mann, portavoz principal de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, declaró que en este momento no hay planes para modificar el régimen de ayuda que la UE dirige a Egipto, aunque no descarta la revisión de este programa de asistencia en un futuro.
Al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, la UE no está obligada a paralizar de forma automática los programas de ayuda como resultado de un golpe de estado. Pero, por varios motivos, los europeos prefieren evitar este término. En primer lugar, por un problema de coherencia. En los últimos años, la UE optó por congelar la asistencia a países africanos como Mauritania y Guinea-Bissau tras sendos golpes militares. Egipto no es firmante del Acuerdo de Cotonú y, por lo tanto, no le atañe su artículo 96, pero su acuerdo de asociación con la UE sí que recoge la “cláusula democrática” que, aunque mencionada habitualmente, nunca ha llegado a aplicarse. En segundo lugar, por una cuestión de credibilidad. Definir los acontecimientos como un golpe de estado sin la correspondiente reducción de la ayuda financiera a Egipto, contradeciría la doctrina de la condicionalidad basada en los principios de “más por más” y “menos por menos”. Por último, la UE tiene un claro interés en mantener un cierto nivel de influencia política en el Cairo, con la esperanza de poder ayudar al país a volver a la vía de la transición.
Ni los Estados Unidos ni la UE, están dispuestos a reconocer que han fracasado las política de apoyo a las reformas y las transiciones democráticas en el Norte de África y tampoco quieren asumir el riesgo de perder influencia en Egipto. En consecuencia, debemos prepararnos para seguir escuchando formulaciones ambiguas sobre la volátil situación de Egipto y también vamos a ver una mayor presión para que las autoridades egipcias definan y cumplan cuanto antes con el calendario electoral. Si las elecciones presidenciales y parlamentarias se llevasen a cabo antes de un año y si todos los partidos –incluido la expresión política de los Hermanos Musulmanes- pudieran participar plenamente en los comicios, el golpe militar podría ser recordado como un accidente inesperado en un camino lleno de baches que ha de llevar Egipto hacia la libertad y la democracia.
En esas circunstancias, la atención podría centrarse en cómo de reconducir el proceso de transición. Éste es el deseo de Washington, Bruselas y el resto de capitales europeas. Sin embargo, lograr este objetivo en la actual situación de inestabilidad del país no está garantizado. Por lo tanto, si todavía es posible influir en el Cairo, deberían empezarse a detallar qué medidas se tomarían si los militares tuvieran la tentación de perpetuarse en el poder en un escenario de violencia persistente.
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