El Estado palestino podrá denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional y solicitar su ingreso como miembro de pleno derecho en varias agencias de la ONU
El reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de Naciones Unidas supone un éxito diplomático y jurídico para la Autoridad Palestina (AP), pero tiene también enormes implicaciones prácticas que pueden poner en apuros a Israel y desbaratar el funcionamiento de varias importantes agencias de la ONU.
Entre todas las consecuencias de la votación de la Asamblea General la más destacada es la posibilidad para la Autoridad Palestina de denunciar ante elCorte Penal Internacional (CPI) de La Haya los presuntos genocidios, crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos por autoridades israelíes desde 2002.
Para poder recurrir al CPI, la Autoridad Palestina deberá primero suscribir el estatuto de Roma ratificado por 121 Estados, entre los que no figuran Israel ni Estados Unidos. Cuando lo haya hecho podrá pedir al fiscal que abra una investigación, una de las tres modalidades previstas para que el tribunal empiece a indagar. Las otras dos vías no parecen al alcance de Palestina.
Si se confirma que el presidente palestino, Yasir Arafat, fue envenenado, el Estado palestino podrá solicitar al fiscal del CPI que abra una investigación sobre el magnicidio. El cuerpo de Arafat, que murió en 2004, acaba de ser exhumado en Ramala (Cisjordania).
El “traslado, por una potencia ocupante, de parte de su población civil al territorio que ocupa” está también tipificado como crimen de guerra. Israel ha creado asentamientos de población judía en Cisjordania y también en el sector oriental y árabe de Jerusalén.
Hace ya tres años la Autoridad Palestina intentó que la fiscalía del CPI abriese diligencias sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel durante su ofensiva militar Plomo fundido en Gaza (2008-2009), pero el fiscal decidió en 2011 que fuesen los órganos competentes de la ONU los que determinasen si Palestina era un Estado y debía de tener en cuenta su solicitud.
Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, ya sondeó la posibilidad de pedir el año pasado el ingreso de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho, pero esa decisión requiere la aprobación del Consejo de Seguridad donde EE UU estaba dispuesto a vetarla.
De ahí que buscase una vía alternativa, la de la Asamblea General, donde sabía de antemano que gozaba de una amplia mayoría para que la “entidad” Palestina, que goza de un mero estatuto de observador desde 1974, se convirtiese en Estado observador no miembro como lo es El Vaticano. La Asamblea no es competente para admitir a un nuevo Estado miembro.
A partir de hoy Palestina seguirá sin poder votar en la Asamblea General ni presentar candidatos para los cargos de la ONU, pero sí podrá adherirse a las principales convenciones internacionales e incluso ingresar en agencias de Naciones Unidas como la FAO, en la Organización Internacional del Trabajo, en la Organización Internacional de Migraciones, la Organización Mundial de la Salud etcétera.
Palestina ya ingresó el año pasado en la UNESCO por lo que EE UU dejó de financiar esta institución de la ONU. La legislación estadounidense prohíbe contribuir al presupuesto de cualquier organización que acepte a Palestina como miembro de pleno derecho por lo que es probable que Washington cancele su aportación a otras agencias.
Votar a favor de Palestina en la Asamblea implica, para países como España, Francia o Italia, que aún no mantienen con ella relaciones diplomáticas, su pleno reconocimiento bilateral. El siguiente paso debería ser aceptar que, por ejemplo, la delegación palestina en Madrid se convierta en Embajada y que se reconozcan los pasaportes palestinos que expida.
A la amenaza de EE UU de retirar la financiación a varias agencias de la ONU se añaden otras más directas. Washington tiene congelada una ayuda de 154 millones de euros a la Autoridad Palestina y Ottawa otra, de 231 millones, que no tienen la intención de desbloquear si se sale con la suya.
El Gobierno canadiense ha advertido incluso, según el diario de Toronto The Globe and Mail, que la delegación palestina en Ottawa podría ser cerrada y su representante, Said Hamad, expulsado.
Más graves son los avisos formulados por Israel. La Hacienda israelí, que recauda impuestos y aranceles por cuenta de la Autoridad Palestina, podría dejar de revertírselos provocando su bancarrota. La administración del presidente Barack Obama teme además, según el diario Jerusalem Post, que el primer ministro Benjamín Netanyahu legalice algunos asentamientos en Cisjordania y ponga en marcha la construcción de otros en el llamado sector E 1 que imposibilitaría la creación de un Estado Palestino con capital Jerusalén Este.
Abbas, que ha amenazado con dimitir en múltiples ocasiones, no parece estar dispuesto a que, después de su éxito en la ONU, Israel le ponga aun más contra las cuerdas. En su última entrevista con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, le dijo, según el rotativo israelí Haaretz, que si Netanyahu tomaba represalias le invitaría a la Mukata, la sede de la Autoridad Palestina, y le daría las llaves. Es decir, que disolvería la Autoridad Palestina colocando a Israel ante un desafío más serio que el de Gaza.
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