Crisis en Egipto, entre la religión y la economía

Marcos Suárez Sipmann ARI 91/2012 - 19/12/2012 Politólogo, jurista y actualmente periodista en El Cairo (Twitter: @mssipmann)

Tema: En los seis meses de la presidencia de Mohamed Morsi, se ha vivido en Egipto una progresiva y peligrosa concentración de poder por parte de los Hermanos Musulmanes. Laicos, liberales, movimientos de izquierda y cristianos, entre otros, acusan a Morsi de promover una nueva dictadura a través de la constitución. Resumen: Tras librarse de la tutela militar en agosto con un audaz “contragolpe civil”, el pasado noviembre Mohamed Morsi anulaba por decreto la supervisión judicial de sus decisiones. Sus polémicos decretos han dilapidado la confianza en los Hermanos Musulmanes de amplios sectores de la población. Morsi ha insistido que, con su decisión de asumir poderes excepcionales, sólo busca preservar la revolución que defenestró a su antecesor. Sus adversarios afirman que quiere islamizar el país y dotarse de unos poderes sin precedentes. El perjuicio para su propia credibilidad y la de la Hermandad es más grave que cualquier beneficio a corto plazo. Análisis: El presidente egipcio, Mohamed Morsi, que fue elegido democráticamente en junio, ha dado dos golpes de mano que revelan en él a un autócrata entregado a los militantes políticos islamistas. El primero tuvo lugar el pasado verano al relevar la cúpula militar, mientras que el segundo –mucho más grave– el pasado mes de noviembre lo enfrentó de manera avasalladora contra el poder judicial y la Fiscalía. Con su decreto del 22 de noviembre, el presidente blindaba sus plenos poderes ejecutivos y legislativos. Como afirmó la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Tahani el Gebali (la primera mujer en convertirse en juez), la decisión de Morsi al ordenar que todas sus decisiones fueran definitivas e inapelables ante la justicia le convertía en un presidente ilegítimo. Ese decreto generó un grave malestar entre los jueces del país. Mediante su “declaración constitucional”, Morsi también se deshacía de uno de sus rivales en el estamento judicial: el fiscal general del país, Abdelmeguid Mahmud. Como resultado, se somete la designación de este cargo, que hasta ahora correspondía a los propios jueces, a la institución presidencial. Sin embargo, el aspecto más problemático para los partidos laicos fue el blindaje de la asamblea constituyente ante una posible disolución por parte del Tribunal Constitucional. La composición de esa asamblea constituyente, dominada por los islamistas, era objeto de un recurso ante dicho tribunal. La oposición laica y liberal, junto con las iglesias cristianas coptas de Egipto, se retiraron de la asamblea en señal de protesta por el hecho de que los islamistas aprovecharan su mayoría para imponer sus posturas. El decreto sobre la asamblea constituyente establece que este órgano no puede ser disuelto ni por el sistema judicial ni por el Consejo de la Shura (la Cámara Alta del Parlamento egipcio). El conflicto con la magistratura no es nuevo. En una de sus primeras decisiones como presidente, en julio pasado, Morsi revocó la disolución de la Cámara Baja. Tuvo que rectificar tres días después, tras recibir la negativa del Tribunal Constitucional. Debió dar marcha atrás igualmente en octubre cuando cesó al fiscal general y 48 horas después se vio obligado a retractarse. Es verdad que los tribunales estaban estrechamente ligados a la larga dictadura de Hosni Mubarak. Las razones de Morsi para evitar el sistema judicial de Egipto no carecen de fundamento. La mayoría de los jueces de Egipto fueron leales a Mubarak y seleccionados cuidadosamente por su corrupto régimen. Pero esta vez Morsi fue demasiado lejos. Su decreto cambia las reglas del juego y coloca al ejecutivo por encima de cualquier otro poder. Muchos consideran que es un acto peligroso, equivocado e ilegal. En esta ocasión el momento elegido por Morsi parecía el propicio. Aprovechó el aumento de su credibilidad –exterior e interior– tras mediar en el reciente conflicto en Gaza para asestar su golpe al poder judicial y a la separación de poderes del Egipto posrevolucionario. Pero de nada le valió su intento de calmar los ánimos insistiendo en que su declaración constitucional era “temporal” y no pretendía concentrar poderes. Su llamamiento a las distintas fuerzas políticas para lograr un consenso fue rechazado por éstas. Un buen número de consejeros presidenciales abandonó al mandatario desde que comenzó la crisis en señal de protesta por el hecho de que el presidente hubiera emitido el decreto sin discusión previa con su equipo de asesores. Entre los dimisionarios estaban Amr el Leithi, Seif Abdel Fattá y Ayman al Sayad. También dimitió el asesor y vicepresidente copto del brazo político de la Hermandad, el Partido Libertad y Justicia, Rafik Habib. Los asesores de la Hermandad realizaron una acción de “aislamiento” del presidente con respecto al resto de consejeros. El terremoto político y judicial se trasladó a las finanzas. La Bolsa egipcia suspendió brevemente su cotización ante las fuertes pérdidas. Las dudas de los inversores se tradujeron en pérdidas por unos 2.480 millones de dólares en la apertura. La Bolsa de Egipto se desplomó en 9,5%. Dos bandos irreconciliables Aunque nominalmente presidente de “todos los egipcios”, Morsi ha mostrado ser voz e instrumento de la cofradía a la que pertenece. Es considerado por muchos egipcios como una marioneta de la Hermandad. Cabe recordar que Morsi se ganó el apodo de “rueda de recambio” al haber sido presentado como el candidato de repuesto en sustitución del influyente Jairat al Shater, el candidato de los Hermanos Musulmanes a las elecciones presidenciales que fue apartado por la comisión electoral. El jefe de esta Hermandad férreamente organizada es su guía espiritual, Mohamed Badía. Sus llamamientos al diálogo podrían parecer una muestra de tolerancia, pero aseveraciones como “llegar a la verdad y no que uno venza a otro… convertir las diferencias en un punto de construcción y no de destrucción” quedan neutralizadas por la matización de que “esto no se va a lograr si no es con los valores del islam”. Los Hermanos no admiten discrepancias y divisiones y consideran que no sirven más que a los enemigos de la umma (nación islámica). En cuanto a los islamistas, en el sentido amplio del término, conviene recordar dos cosas: No representan –ni mucho menos– una mayoría abrumadora en Egipto. Existe controversia por las decisiones del presidente, cuyos nuevos poderes no han caído bien entre la población. Sin embargo, los islamistas están mucho mejor organizados que los liberales y pueden ser más eficaces a la hora de llevar a sus simpatizantes a la votación. No constituyen un bloque homogéneo. La relación entre las dos agrupaciones mayoritarias, los Hermanos Musulmanes y los salafistas, es muy compleja. Ambos grupos incluyen tendencias conservadoras y otras más moderadas, y hay una gran fluctuación. El ejemplo más conocido es el del islamista moderado y ex candidato presidencial Abdelmoneim Abul Futuh, quien había abandonado la cofradía. Con su nueva formación, el Partido por un Egipto Fuerte, ha pedido el “no” a la constitución. A ello hay que añadir la existencia de órdenes sufíes que han empezado a interesarse en la política desde la revolución. O la de grupos como al-Gamaa al-Islamiya que, tras una revisión ideológica, ha renunciado a la violencia en favor del cambio pacífico, y como la organización de la Yihad egipcia, entre otros. SEGUIR LEYENDO