Por Pascal Herren
RED VOLTAIRE | GINEBRA (SUIZA) 
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¿Intervención humanitaria en Siria? El pretexto humanitario ya fue invocado anteriormente, en 1860… precisamente por Francia, para intervenir militarmente en Siria, que en aquella época era una provincia del Imperio Otomano. Desde Ginebra, el estudioso Pascal Herren pasa en revista, en este artículo, las verdaderas intenciones de la Francia de Napoleón III, tan inconfesables como las de la Francia sarkozista u hollandista. Y recuerda además las consecuencias, nefastas, que sufrieron entonces los pueblos de la región.
Mucho
se habla en los últimos tiempos de una intervención humanitaria en
Siria como medio de poner fin a los sufrimientos que desde 2011 ha
venido soportando la población afectada por los combates entre el
régimen y la oposición armada, combates cuya responsabilidad se
atribuye principalmente –con razón o sin ella– al bando
gubernamental.
Esa
acción de socorro implicaría, por lo tanto, el derrocamiento del
actual régimen. Incluso parece que ya empezó a implementarse desde
hace meses, de forma indirecta, con la entrega de armamento a los
rebeldes y con el envío a Siria de agentes y de grupos de
combatientes extranjeros. Sin embargo, recurrir al uso de la fuerza
en territorio de un país extranjero sin el consentimiento de las
autoridades establecidas constituye una violación del principio de
soberanía de los Estados reconocido en la Carta de la ONU. El empleo
de la fuerza entre los Estados está prohibido, exceptuando
únicamente los casos de legítima defensa o de una acción colectiva
aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
En
1968, la Corte Internacional de Justicia [de La Haya] condenó el
apoyo militar de la administración Reagan a los Contras que trataban
de derrocar el poder sandinista en Nicaragua. Washington acusaba al
régimen nicaragüense de haber cometido atrocidades, pero la Corte
[de La Haya] precisó incluso que ese tipo de apoyo [militar] no era
el medio apropiado para garantizar el respeto de los derechos
humanos.
Esos
obstáculos jurídicos no han impedido la realización de operaciones
unilaterales, oficialmente motivadas por razones altruistas, una
práctica que se ha desarrollado, por ejemplo, con el bombardeo
contra la antigua Yugoslavia durante la crisis de Kosovo –en 1999–
y la invasión de Irak –en 2003. El más reciente ejemplo de esa
práctica fue la acción emprendida contra Libia en 2011, acción
sobre la cual varios Estados señalaron que fue más allá de lo que
permitía la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU.
El
16 de agosto de 1860 un cuerpo expedicionario francés desembarca en
Beirut. Según Napoleón III, los militares franceses van
«restablecer el orden» en Siria, que por aquel entonces es una
provincia otomana. Mencionada hoy como «primera manifestación del
derecho de injerencia humanitaria», aquella intervención militar
sirvió en realidad para acentuar el dominio económico de Francia
sobre la región.
La
fundamentación de esas intervenciones unilaterales se basa en una
norma de tipo superior, universal: el deber de proteger la vida de
cualquier población contra toda amenaza de carácter masivo que pese
sobre ella. Pero ese principio, perfectamente legítimo, depende
enteramente de la buena voluntad de quien realiza la intervención.
¿Cómo garantizar que el que interviene no utilice el inmenso poder
que se arroga al recurrir a la violencia hacia otro Estado para
perseguir objetivos que serían censurables? La historia está llena
de guerras «justas» que terminaron muy mal para los pueblos
implicados. Ya en 1758, el gran jurista Emer de Vattel denunciaba el
yugo que los conquistadores imponían a los indios de las Américas
con el pretexto de liberarlos.
Los
especialistas en el tema han buscado por mucho tiempo un ejemplo de
acción de ese tipo realizada por una potencia interventora
irreprochable. Y por mucho tiempo creyeron haberlo encontrado en la
expedición realizada en 1860 en la provincia otomana de Siria, que
entonces incluía el actual Líbano [1].
Durante los meses que van de mayo a agosto de aquel año, entre 17
000 y 23 000 personas, mayoritariamente cristianos, fueron masacradas
en el llamado Monte Líbano y en Damasco en medio de enfrentamientos
intercomunitarios. En Europa, la noticia causó conmoción en la
opinión pública. Las autoridades otomanas fueron acusadas de haber
estimulado, e incluso de haber participado, en los excesos cometidos
por las milicias drusas en la región de Monte Líbano y por los
amotinados en Damasco. Napoleón III decide entonces el envío de un
cuerpo expedicionario de 6 000 hombres para poner fin al «baño
de sangre»,
con la aprobación de las demás potencias europeas. Las tropas
francesas se mantienen menos de un año en la región y se retiran
después del restablecimiento de la calma y luego de implantar una
reorganización administrativa a la que se atribuye haber mantuvo la
concordia civil hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Aún
hoy, algunos de los juristas que más se oponen al reconocimiento de
un derecho de intervención humanitaria aceptan, sin embargo, que la
acción de 1860 pudiera ser la única «verdadera» intervención
humanitaria del siglo XIX.
Pero
un análisis más profundo nos muestra que los problemas
intercomunitarios que estallan en 1860 eran también exacerbados por
el sistema de clientelas practicado en aquella época por las
potencias europeas hacia las minorías locales. Hay que señalar
además que los intereses en juego son enormes en ese momento, con el
reparto de las provincias de un Imperio Otomano en plena
desintegración, [provincias] que los amos de Europa se disputan
entre sí. Y Siria se halla precisamente en medio de la estratégica
ruta que conduce a la India, la joya del Imperio británico. Francia
no esconde por entonces su interés por esa región, rica en
posibilidades comerciales, mientras que Rusia trata desde hace tiempo
de extender su territorio hacia el sur. Y para lograr sus propios
objetivos cada una de esas potencias apoya a alguna comunidad local,
para utilizarla a su favor: los franceses se convierten en
protectores de los católicos católicos, los rusos defienden a los
ortodoxos y los británicos apadrinan a los drusos.
Durante
el periodo posterior a la intervención de 1860, Francia acentúa su
control económico sobre el Líbano, a tal punto que en 1914 el
trabajo del 50% de la población activa libanesa depende de la
industria francesa de producción de seda. Un sector [ocupacional]
que se derrumba como resultado de la decisión de la industria
francesa de independizarse de sus proveedores libaneses, que pierden
así sus medios de subsistencia.
Un
año más tarde, en 1915, los aliados británicos y franceses
organizan el bloqueo de las costas sirias, impidiendo así la llegada
de alimentos a esa región altamente dependiente de las importaciones
de cereales. El objetivo es lograr que las provincias árabes se
subleven en contra del poder central de Estambul, que ya participa en
la Primera Guerra Mundial al lado de la Alemania de Guillermo II. El
resultado es una hambruna sin precedentes que cuesta 200 000 vidas en
el centro y el norte de la región del Monte Líbano y 300 000 vidas
más en Siria.
En
1840, Francois Guizot, en aquel entonces embajador de Francia en
Londres, resumía de la siguiente manera los cálculos geopolíticos
que predominaban entonces en las cortes europeas y que, en su
opinión, motivaban la política del ministro británico de
Relaciones Exteriores Lord Palmerston: «Allá, en el fondo de
algún valle, en la cúspide de alguna montaña del Líbano, hay
maridos, mujeres, niños, que se quieren y que ríen, pero que serán
masacrados mañana porque Lord Palmerston, a bordo del Railway de
Londres, se dice a sí mismo: “Siria tiene que sublevarse. Yo
necesito que Siria se subleve. Si Siria no se subleva, I am a fool.”»
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