A 20 años de Oslo.
Por Alvarez Ossorio para El Correo.
El 13 de septiembre de 1993 palestinos e israelíes firmaron el Acuerdo de Oslo con el que pretendían resolver el largo conflicto que los enfrentaba. Desde entonces han transcurrido dos décadas. La primera reflexión que pueda plantearse es que se trata de demasiado proceso para tan poca paz. A día de hoy, la posibilidad de lograr un acuerdo definitivo que aborde las espinosas cuestiones de Jerusalén, los asentamientos, las fronteras y los refugiados todavía parece lejana, dadas las diferencias abismales entre las posiciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente palestino Mahmud Abbas.
El conflicto palestino-israelí ha vivido distintas fases desde la ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este en 1967. Tras 25 años de enfrentamiento, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina acordaron negociar una solución pacífica del conflicto en 1993. Oslo establecía que la autonomía no debería durar más de cinco años, tras los cuales se alcanzaría un acuerdo sobre el estatuto final del Territorio Ocupado. Desde un primer momento, el acuerdo chocó con fuertes resistencias tanto en la escena palestina como en la israelí. Los sectores radicales de ambos bandos hicieron todo lo posible por torpedear las negociaciones, no dudando en recurrir a la violencia y el terrorismo para minar el proceso de paz.
No sólo fracasaron las conversaciones de Camp David, sino que también los calendarios fijados por la Hoja de Ruta y la Conferencia de Anápolis fueron ignorados. El pasado 30 de julio la Casa Blanca anunció a bombo y platillo la enésima vuelta de tuerca del proceso de paz y dio un plazo de nueve meses a palestinos e israelíes para que alcancen un acuerdo definitivo. No hace falta ser un adivino para vaticinar que, una vez más, las negociaciones no llegarán a buen puerto. El fracaso del proceso de paz evidencia que Israel, la potencia ocupante, no puede fijar la extensión de la retirada ni marcar el ritmo del proceso de paz. Las negociaciones deben retornar al marco de las Naciones Unidas ante la escasa disposición de Estados Unidos a presionar a Israel para que acate la legalidad internacional.
Mientras el tiempo pasa, las políticas de hechos consumados dejan cada vez menos margen de maniobra para alcanzar una solución negociada. Cisjordania tiene una extensión de 5.600 km² y dos millones y medio de habitantes palestinos. Desde que fuera ocupada en 1967, Israel ha construido sobre ella 161 asentamientos que albergan a 550.000 colonos. Estas colonias, eufemísticamente denominadas ‘comunidades’ por Israel, ocupan más de 300 km², lo que sumado a los 1.175 km² de las zonas militares cerradas, representan 1.500 km². De otra parte, el muro de separación, cuya construcción se inició en 2002, ha dejado otro décima parte de su territorio bajo control israelí. Por todo ello no parece factible el establecimiento de un Estado viable en los pequeños islotes que aún controla la Autoridad Palestina.
Si la política israelí de hechos consumados ha convertido a las zonas autónomas palestinas en un archipiélago rodeado de un mar de asentamientos, carreteras de circunvalación y controles militares, la situación de la Franja de Gaza no es mejor. Desde la victoria electoral de Hamas en 2006, esta estrecha franja mediterránea ha estado expuesta a un intenso bloqueo por tierra, mar y aire. Las operaciones militares y la política de castigos colectivos israelíes han provocado el desabastecimiento de productos de primera necesidad y colocado a su población en una situación de emergencia humanitaria. Hoy en día, un 85 por 100 de sus habitantes vive de la ayuda internacional.
El bloqueo de Gaza, la construcción del muro de separación en Cisjordania y la judaización intensiva de Jerusalén Este han acentuado la sensación de que la solución de los dos Estados podría diluirse para siempre. Las opciones sobre la mesa no son demasiado halagüeñas: el mantenimiento del ‘statu quo’ beneficia a Israel, que puede seguir modificando la situación sobre el terreno a su favor. La proclamación unilateral de un Estado palestino cuenta con un vasto respaldo de la comunidad internacional, pero no resuelve por sí sola el futuro de Jerusalén Este, la delimitación de las fronteras y el destino de los refugiados. En este contexto, la disolución de la Autoridad Palestina gana cada día más enteros, ya que colocaría a Israel ante la tesitura de asumir la administración de la población ocupada, lo que conllevaría elevados costes tanto en términos materiales como humanos que no parece dispuesta a asumir.
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